15 julio, 2019
  • 15 julio, 2019

Negligencia

Por el 12 febrero, 2019 0 74 Views

También la negligencia es otra forma de corrupción de los funcionarios públicos que no cumplen con lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice en su primer párrafo del Artículo primero:

“…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

No es necesario que exista petición de parte cuando sea evidente que existe una violación a los derechos humanos, el Estado debe actuar de oficio para frenar o evitar cualquier violación y las comisiones defensoras de derechos humanos iniciar de oficio la queja e investigación.

Aquí es al contrario, la parte quejosa tiene que aportar pruebas de violaciones aun cuando sean evidentes y eso es el colmo que teniendo a la vista las pruebas contundentes, las nieguen o como comúnmente se dice: se hagan de la vista gorda.

Llevamos 48 días de haber interpuesto una denuncia de violación a los Derechos Humanos de los ancianos de San Juan de Dios y aún los responsables evaden asumir la parte que les toca responder.

Por nuestra parte no nos preocupa, ni nos afecta; quienes tienen la obligación de cumplir cabalmente con la Constitución son los funcionarios públicos y al no asumirla por negligencia, se convierten en corruptos.

Transcribimos dos artículos de la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, para que sean del conocimiento del ayuntamiento y sus funcionarios:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política

pública nacional, y

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:

I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;

III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y

IV. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

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